En protesta porque aún no se ha concretado su deportación a Venezuela, 33 migrantes venezolanos -22 hombres y 11 mujeres- que están encarcelados en Curazao se declararon en huelga de hambre este viernes 24 de diciembre.
“Nuestra permanencia en esta prisión es ilegal, arbitraria e injusta, pues el gobierno de Curazao incumplió una disposición firmada por un representante del ministro de Justicia, (Gilmar) Pik Pisas, donde se establece que seríamos devueltos a nuestro país de origen a más tardar el 23 de diciembre de 2021”, expresan en una carta enviada a la fundación Human Rights Defense Curaçao (HRDC).
El retraso en el traslado de los 33 migrantes detenidos ocurre como consecuencia de la decisión del régimen chavista de suspender los vuelos humanitarios programados para los días 21 y 22 de diciembre.
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) tomó esta medida, luego de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunciara el 13 de diciembre que el Reino de los Países Bajos le impidió trasladarse a La Haya, donde tenía previsto reunirse con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.
Un infierno
En la misiva remitida a HRDC, los 33 venezolanos recuerdan que están presos en la cárcel Barak di Ilegal desde el pasado 22 de noviembre. “Nuestras condiciones en esta prisión son deplorables e inhumanas, hacinados más de 40 individuos en celdas destinadas solo a 20 personas, muchos de nosotros dormimos en el suelo en sucias colchonetas, sin sábanas, rodeados de zancudos, con baños repletos de aguas estancadas y malolientes”, describen.
Los migrantes apuntan que, debido a las pésimas condiciones de la prisión, están presentando enfermedades de la piel y lo que es todavía más grave: los encerraron con “elementos que han cometido delitos graves (de otras nacionalidades), poniendo en riesgo nuestra seguridad, pues no somos delincuentes, sí inmigrantes, todos trabajadores, padres de familia, y ya hemos sido víctimas de varios ataques” por parte de los otros reclusos.
Desesperados por la situación que atraviesan, los 33 venezolanos solicitan a los gobiernos de Curazao y los Países Bajos que actúen rápidamente y hagan posible el retorno a su país. Sin embargo, la suspensión de los vuelos humanitarios es responsabilidad de Caracas.
Ahora Omicron
A través de un comunicado publicado el 23 de diciembre, el gobierno de Curazao informó que está en contacto con la cónsul general de Venezuela, Marisol Gutiérrez, y expresó que “se mantiene a la espera de una pronta autorización de los vuelos concernientes por parte de las autoridades venezolanas”.
En el texto destacaron: “La cónsul general de Venezuela indicó que en el marco de la nueva variante Omicron, del coronavirus, el gobierno de Venezuela ha decidido implementar nuevas exigencias para los viajeros (que llegan en vuelos chárter). Estas exigencias todavía no son oficiales y tampoco han sido comunicadas oficialmente. El gobierno de Curazao se ha encargado de que los pasajeros cumplan con todos los requisitos vigentes para poder viajar de regreso a su tierra natal”.
En un mensaje previo, Willemstad había resaltado que “casi 300 venezolanos no han podido llegar a su país y se encuentran desamparados” por la suspensión de los vuelos humanitarios. Para atender a los pasajeros varados, el Consulado activó un refugio en las instalaciones de la refinería Isla, pero que solo tiene capacidad para 80 personas.
“La cónsul general dio a conocer que asume su responsabilidad de brindar asistencia a los pasajeros que quedaron varados y de informar a las personas concernientes sobre los desarrollos. La cónsul también indicó que esto implica ciertos retos. El gobierno de Curazao ha ofrecido su ayuda y ha compartido información de tal forma que la cónsul general pueda acudir y trabajar junto a varias organizaciones locales en función de proteger y mantener informados a los pasajeros”, resaltaron las autoridades curazoleñas.